*Por ACTIS, María Florencia-
Observatorio de Medios con Perspectiva de Género, FPyCS, UNLP
Hace
un año, en menos de 24 horas, convivió en la ciudad de La Plata una
demostración de lucha por parte de las organizaciones de mujeres y derechos
humanos ante la sistematicidad de la violencia de género y, en definitiva, de
un debate social y cultural emergente en torno a esta problemática, con otra que
puso en evidencia su alcance: un cuádruple femicidio.
El hecho sucedió en el barrio La Loma, más precisamente en un PH ubicado en 28 entre
41 y 42. Bárbara Santos (29), Micaela Galle Santos (11), Marisol Pereyra (35) y
Susana de Bárttole (63) fueron brutalmente asesinadas a golpes y cuchillazos. Osvaldo
“Alito” Martínez, el novio de Bárbara, fue detenido porque una serie de
elementos lo incriminaban: mensajes de texto comprometedores horas previas de
ocurrida la masacre, algunas contradicciones en su testimonio y las
declaraciones de los/as vecinos/as que lo describían como una persona “posesiva”
y “celosa” respecto de su pareja.
No
obstante, las pruebas de ADN en la escena del crimen, dieron negativo para “el
karateca” y complicaron al albañil, Javier "Hiena" Quiroga. Por su
parte, la empresa Movistar desarrolló un informe técnico que ratificó la
versión de que Martínez se encontraba en su domicilio cuando las chicas fueron
asesinadas. Ambas instancias fueron suficientes para que el hombre fuera
desconsiderado, en principio, de la autoría material, y el 27 de septiembre los/as
camaristas Carlos Silva Acevedo y María Riuse le le quitaron la condena
preventiva “por falta de méritos”.
Desde
una perspectiva de género, los argumentos esbozados en contra de Martínez,
entre ellos, los del juez Guillermo Atencio y del fiscal Álvaro Garganta que interpretaron
que mató a Bárbara “por cuestiones
vinculadas con desvanecencias de pareja”, favorece a reconstruir el caso
como un problema individual y de índole privada, desconociendo que la relación entre
el karateca y Bárbara estaba mediada por situaciones y concepciones de
violencia de género, y negando el móvil por razones de género.
Luego
de un año, la causa se encuentra plagada de pujas, hipótesis a contra mano e
irregularidades. Sin duda, se trata de una causa cuyos responsables directos, y
eventualmente colaterales, han logrado enmarañar el escenario, desviando las
investigaciones y perpetuando la impunidad ante la falta de culpables.
La
consigna de Justicia que alzan los/as familiares de las víctimas trasciende el
pedido de condena penal. A pesar de los
avances y retrocesos judiciales, el caso
logró investirse de una consigna más amplia: “Basta de Femicidios”, que politiza y enlaza esta historia con
otras, reconociendo la dimensión social de los femicidios, más allá de los anclajes
particulares, y por ende, exigiendo cambios institucionales y sociales acordes.
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