Marita
Verón lleva diez años desaparecida, y sólo trece personas iban a ser juzgadas el
pasado martes. La oportunidad de devolver una fracción de justicia y esperanza a la familia de la víctima se extinguió cuando
los magistrados, Emilio Herrera Molina, Eduardo Romero Lascano y Alberto
Piedrabuena, absolvieron por unanimidad a la totalidad de los/as
implicados/as por falta de pruebas.
A
partir de ahora, la condena social y política no está puesta sólo en las mafias
que operan en las regiones fronterizas del norte del país, principal foco de reclutamiento
de niñas, niños y jóvenes para la trata de personas con fines de explotación
sexual. El papel de la justicia en este caso despertó indignación y demostró el
flagelo de la corrupción presente en estas esferas decisivas. "Hay
que destapar la mugre”, afirmó Susana Trimarco, madre de Marita, remitiéndose
no sólo a la actuación de los jueces, sino también a la policía
y a funcionarios provinciales y agregó, "que tengan cuidado los
políticos: como los pone el pueblo, el
pueblo los va a sacar".
No obstante, la
Justicia responde a otros criterios de selección. Es el único de los tres
poderes que no está sometido a un control ciudadano directo. Sólo pueden ser juzgados
mediante vías legales por sus mismos colegas.
El
juez Piedrabuena afirmó, con provocadora sinceridad, que la causa quedará
impune "al no ser encontrada alguna
persona que incriminar por el secuestro a María de los Ángeles". Es de público conocimiento que
la trata no funciona por acción de un grupo aislado; y que es insuficiente apuntar
al procesamiento de un mero eslabón puntualizado, su secuestrador. Por el
contrario, la trata se emplaza al crimen organizado, intimado con la ruta del
narcotráfico. Opera en red y en diferentes niveles, injieren en los barrios y trasbordan
mujeres a escala internacional, de acuerdo a la demanda. Las estrategias de
captación se diversifican: no siempre es necesario un secuestro coaccionado, también
aluden al engaño con promesas laborales en áreas de vulnerabilidad social. Las
chicas son movilizadas periódicamente de un prostíbulo a otro, así transitan por
diferentes ciudades, regiones e incluso países, padeciendo múltiples e
interrelacionadas expresiones de violencia y tortura contra su integridad.
De
acuerdo a los datos aportados por la ONG “Coalición contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe”, más
de cinco millones de personas han sido secuestradas/engañadas por estas redes
criminales y anualmente unas 250.000 personas se convierten en nuevas víctimas en
nuestro continente, negocio que retribuye una cifra estimada de 1.350 millones
de dólares anuales.
El
fallo en cuestión sienta un antecedente
más de impunidad y abre paso al desenvolvimiento libre de las redes de tráfico,
en tanto el negocio rinda para comprar a la justicia.
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