*Por Actis, María Florencia- Observatorio de Medios con Perspectiva de Género (FPyCS, UNLP)
Ayer, a partir las 17 horas, se movilizaron de Congreso a Plaza de Mayo organizaciones sociales y estudiantiles, sindicatos, colectivos de mujeres de distintas orientaciones políticas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito, al cumplirse un año de que se impidiera el tratamiento del Proyecto de Ley de Aborto Legal en el Congreso.
Si bien el reclamo buscó interpelar a la sociedad civil y perpetuar la problemática de los abortos clandestinos y la maternidad forzada en la agenda mediática, estuvo centrado puntualmente en el impostergable debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ante los recientes episodios acaecidos en la ciudad de Buenos Aires cuando grupos autodenominados “Pro Vida” intentaron obturar el procedimiento de un aborto no punible que iba a practicarse una chica víctima de las redes de trata, quedaron en evidencia las dificultades reales para ejercer la decisión de suspender un embarazo, incluso luego de haber sufrido una violación y de poseer amparo legal. Las estadísticas de externaciones, accidentes y muertes por abortos inseguros cristalizan un escenario de urgencia sanitaria que el gobierno nacional debe atender y prevenir.
De manera simultánea e intencionada, se produjo una concentración de los sectores eclesiásticos en las inmediaciones de la catedral metropolitana para defender su fachada ante el previsible señalamiento de la marcha a favor de la legalización y despenalización del aborto. A pesar de la (re)construcción dicotómica en boca de los medios hegemónicos que describe la pugna entre “dos grupos extremos”, - a favor y en contra -, “los/as pro aborto” lejos de prohibir la maternidad, como fácilmente se los/as interpreta y reduce, demandan que el Estado debe garantizar el libre acceso a un derecho sobre el propio cuerpo y en definitiva, sobre la propia vida. A diferencia del discurso “pro vida”, que sí se obstina en arrancar a la generalidad de las mujeres, católicas y no católicas, la posibilidad de elegir la maternidad de manera genuina y soberana, negando el carácter empírico de los abortos y por tanto, la necesidad social emergente de que sean realizados en hospitales públicos.
Esta tarde se visibilizó, una vez más, la tensión que rodea la discusión del aborto y la ofensiva que todavía representan los sectores de derecha junto a la iglesia católica de cara al ejercicio pleno de este derecho de las mujeres, asignatura pendiente de la democracia.
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