A un año del cuádruple femicidio de La Loma

*Por ACTIS, María Florencia- Observatorio de Medios con Perspectiva de Género, FPyCS, UNLP

                Hace un año, en menos de 24 horas, convivió en la ciudad de La Plata una demostración de lucha por parte de las organizaciones de mujeres y derechos humanos ante la sistematicidad de la violencia de género y, en definitiva, de un debate social y cultural emergente en torno a esta problemática, con otra que puso en evidencia su alcance: un cuádruple femicidio.

                 El hecho sucedió en el barrio La Loma,  más precisamente en un PH ubicado en 28 entre 41 y 42. Bárbara Santos (29), Micaela Galle Santos (11), Marisol Pereyra (35) y Susana de Bárttole (63) fueron brutalmente asesinadas a golpes y cuchillazos. Osvaldo “Alito” Martínez, el novio de Bárbara, fue detenido porque una serie de elementos lo incriminaban: mensajes de texto comprometedores horas previas de ocurrida la masacre, algunas contradicciones en su testimonio y las declaraciones de los/as vecinos/as que lo describían como una persona “posesiva” y “celosa” respecto de su pareja.

                No obstante, las pruebas de ADN en la escena del crimen, dieron negativo para “el karateca” y complicaron al albañil, Javier "Hiena" Quiroga. Por su parte, la empresa Movistar desarrolló un informe técnico que ratificó la versión de que Martínez se encontraba en su domicilio cuando las chicas fueron asesinadas. Ambas instancias fueron suficientes para que el hombre fuera desconsiderado, en principio, de la autoría material, y el 27 de septiembre los/as camaristas Carlos Silva Acevedo y María Riuse le le quitaron la condena preventiva “por falta de méritos”.

                Desde una perspectiva de género, los argumentos esbozados en contra de Martínez, entre ellos, los del juez Guillermo Atencio y del fiscal Álvaro Garganta que interpretaron que mató a Bárbara “por cuestiones vinculadas con desvanecencias de pareja”, favorece a reconstruir el caso como un problema individual y de índole privada, desconociendo que la relación entre el karateca y Bárbara estaba mediada por situaciones y concepciones de violencia de género, y negando el móvil por razones de género.

                Luego de un año, la causa se encuentra plagada de pujas, hipótesis a contra mano e irregularidades. Sin duda, se trata de una causa cuyos responsables directos, y eventualmente colaterales, han logrado enmarañar el escenario, desviando las investigaciones y perpetuando la impunidad ante la falta de culpables.

                La consigna de Justicia que alzan los/as familiares de las víctimas trasciende el pedido de condena penal.  A pesar de los avances y retrocesos judiciales,  el caso logró investirse de una consigna más amplia: “Basta de Femicidios”, que politiza y enlaza esta historia con otras, reconociendo la dimensión social de los femicidios, más allá de los anclajes particulares, y por ende, exigiendo cambios institucionales y sociales acordes. 

A 20 años del caso Barreda

*Por María Florencia Actis, Observatorio de Medios con Perspectiva de Género (FPyCS, UNLP)

    El caso Barreda conmovió la opinión pública y suscitó una respuesta social dicotómica, entre quienes con exaltación justificaban y quienes no, la actuación del femicida. La imagen socavada y desmoralizada del “pater familia” que convivía con humillaciones verbales y era sometido por un clan de mujeres a efectuar los quehaceres del hogar, no sólo fecundó mensajes de condolencia hacia el odontólogo y hasta una reconocida banda de punk rock compuso la canción “Barreda´s Way” como gesto de apoyo, sino que también reabrió el debate de la violencia de género “al revés”.

 La reconstrucción periodística pormenorizada, y hasta ficcional, de la relación de cotidianeidad entre Barreda y su familia y la persistencia del caso en los medios, operó durante mucho tiempo como biombo que nubló la magnitud de la violencia de género, entendida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad”[1] 

Esta categoría emerge ante estadísticas en alza que reflejan una realidad plagada de múltiples formas de dominio sobre la vida de las mujeres. Que no existen relevamientos numéricos ni tampoco un nombramiento específico que n uclee las violencias que sufren los varones “por ser varones”, radica en que la existencia empírica de situaciones de esta naturaleza son ocasionales y cuando acontecen, los medios de prensa dedican páginas completas al análisis de ésas historias, en algunos casos, consultando a  fuentes “expertas en el tema” como psiquiatras y sociólogos/as.

Sin duda, el caso Barreda constituye no sólo un antecedente icónico entre los casos de femicidios, por el amarillismo que impregna, la toma de posición de la sociedad civil, la lucha que significó para el movimiento de mujeres, teniendo en cuenta las condiciones históricas, interpelar a la sociedad de la dimensión del hecho; sino también resulta un antecedente fundamental a partir del cual se popularizó la figura de crimen pasional central en las interpretaciones mediáticas.

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[1] Declaración de la ONU sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas

La marcha del Orgullo en Buenos Aires convocó más de 100 mil personas

         

*Por María Florencia Actis, Observatorio de Medios con Perspectiva de Género, FPyCS, UNLP

             

              En la tarde del sábado, se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires una nueva edición de la Marcha del Orgullo Gay Lésbico Bisexual y Trans, concentrando alrededor de 100 mil personas en Plaza de Mayo, que hacia la noche se movilizaron hasta plaza de Los Dos Congresos.  Se produjo a 21 años de la realización de la primera Marcha el 2 de julio de 1992, encabezada por  Carlos Jáuregui y César Cigliutti, -actual titular de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

                El evento no sólo consistió en la marcha, sino también se exhibió la llamada Feria  del Orgullo, en general con productos alusivos a la lucha LGTBI y feminista, y se contó con la presencia de diversos artistas como Lía Crucet, Kumbia Queers, Leo García, Celeste Carballo, entre otros/as. Participaron múltiples organizaciones sociales y colectivas LGTBI, además de partidos de izquierda, gremios y organismos estatales como el INADI, articulando luchas mediante la promulgación de diferentes consignas. Entre ellas, prevaleció la modificación de la ley Antidiscriminación, la derogación de los Códigos Contravencionales,  la declaración de la violencia de género y el aborto legal como problemáticas de emergencia  en las agendas públicas, el repudio al negocio de la trata de personas, a los crímenes de odio cometidos contra personas LGTBI, al racismo y la xenofobia.

                Además de la consigna matriz formal “Educación en la diversidad para crecer en igualdad”,  otra de importancia vertebral que erigió varios de los reclamos mencionados en el párrafo anterior, fue “Somos iguales y diferentes”, promovida por el INADI, por ser el título de una guía que confeccionaron para trabajar en las escuelas primarias las identidades de género y las sexualidades. 

                La premisa recupera y sintetiza, de algún modo, una vieja tensión al interior de la militancia LGTBI que divagó entre la visibilidad de las diferencias y el pedido de ensanchamiento de la normatividad/normalidad  para la inclusión; proponiendo la plena convivencia entre la igualdad de derechos  y el reconocimiento de las identidades disidentes.

            Lo que se palpito el sábado 10 de noviembre desde las 15 y hasta pasada la medianoche en el epicentro porteño fue la vuelta de aquel escénico escándalo de liberación, de desterritorialización de las costumbres, la metáfora de la fiesta del apogeo,del interminable festejo de la emergencia a la luz del día que retrata Néstor Perlongher en su ensayo La Desaparición de la Homosexualidad.  Piel, máscaras, purpurinas, lentejuelas, plumas, colores, disfraces no sólo fue parte de la propuesta estética de la movilización, sino contenido político en sí. El despliegue ornamental transitando las avenidas metropolitanas constituyó una demostración de existencia y resistencia de la diáspora de identidades posibles y deseantes, que para nada se van diluyendo en la vida social, sin llamar más la atención de nadie, o casi nadie.

               

Los responsables colaterales del femicidio en La Pampa

*Por María Florencia Actis, Observatorio de Medios con Perspectiva de Género (FPyCS, UNLP)

           La noche del lunes 5 de noviembre, hallaron el cuerpo de Sofía Viale, la nena de 12 años que estaba desaparecida desde la tarde del 31 de agosto. Lo encontraron enterrado en la casa de un hombre de 32 años, vecino de la familia Viale, en el barrio Indios Ranqueles de la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. 

          El principal sospechoso por el femicidio de Sofía, ya contaba con antecedentes penales por abusos sexuales. Había recibido una condena en octubre del año pasado por un caso concebido como “abuso simple, privación ilegítima de la libertad y uso de armas”, no obstante se encontraba bajo “libertad asistida”. El cuerpo de la niña fue develado cuando otra de 14 años, el pasado lunes, denunció que el abusador la había amenazado con un cuchillo y obligado a entrar a su vivienda.

          Los vecinos y vecinas se movilizaron hasta su domicilio e hicieron su descarga no sólo repudiando la conducta del hombre, que ya había escapado y fue encontrado alrededor de las 21 horas en América, provincia de Buenos Aires, sino también rechazando la inoperancia policial, judicial y política.

          Incluso, de acuerdo a los propios voceros policiales, el acusado no sólo nunca fue sospechoso en el expediente, sino que colaboró fervientemente en intentar “esclarecer” lo sucedido con Sofía los primeros días luego de su desaparición

          Actualmente, de acuerdo a las estadísticas que arroja UNICEF, al menos 550.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son víctimas de las redes de trata en América Latina y el Caribe; y en nuestro país, el 77% fueron mujeres, según los registros de la UFASE[1] entre el agosto de 2008 y marzo de 2012. Los abusos sexuales  seguidos de femicidio son noticias “normales” de encontrar en las páginas de policiales, pero la realidad de cientos de niñas, niños y mujeres abusadas cotidianamente en sus barrios, en sus trabajos, incluso en el seno de sus familias, no entran en los cómputos oficiales. El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de la ONG Casa del Encuentro, da cuenta de un femicidio cada 30 horas en los primeros diez meses del año, y de acuerdo a recientes números proporcionados por el Ministerio de Salud provincial, el 76 % de los casos de violencia familiar y sexual tiene como víctimas a mujeres de entre 15 y 34 años.

Las bases de datos citadas, tienen como finalidad reflejar el impacto social de esta problemática para incidir en el plano de las políticas públicas y que las concepciones y procedimientos institucionales estén a la altura de las circunstancias. Ante la desaparición de una niña, que la primera y por varios días única hipótesis, siga siendo “la fuga voluntaria de hogar, aparentemente inducida por un mayor”, retarda y desvía la atención de las pesquisas en las horas clave, además de ser una muestra de negación de la realidad y la insistencia en responsabilizar parcialmente de su destino a la mujer damnificada. 

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[1] Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 

Multitudinaria movilización por el aborto legal

*Por Actis, María Florencia- Observatorio de Medios con Perspectiva de Género (FPyCS, UNLP)

Ayer, a partir las 17 horas, se movilizaron de Congreso a Plaza de Mayo organizaciones sociales y estudiantiles, sindicatos, colectivos de mujeres de distintas orientaciones políticas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito, al cumplirse un año de que se impidiera el tratamiento del Proyecto de Ley de Aborto Legal en el Congreso.

                                

          Si bien el reclamo buscó interpelar a la sociedad civil y perpetuar la problemática de los abortos clandestinos y la maternidad forzada en la agenda mediática, estuvo centrado puntualmente en el impostergable debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ante los recientes episodios acaecidos en la ciudad de Buenos Aires cuando grupos autodenominados “Pro Vida” intentaron obturar el procedimiento de un aborto no punible que iba a practicarse una chica víctima de las redes de trata, quedaron en evidencia las dificultades reales para ejercer la decisión de suspender un embarazo, incluso luego de haber sufrido una violación y de poseer amparo legal. Las estadísticas de externaciones, accidentes y muertes por abortos inseguros cristalizan un escenario de urgencia sanitaria que el gobierno nacional debe atender y prevenir.

          De manera simultánea e intencionada, se produjo una concentración de los sectores eclesiásticos en las inmediaciones de la catedral metropolitana para defender su fachada ante el previsible señalamiento de la marcha a favor de la legalización y despenalización del aborto. A pesar de la (re)construcción dicotómica en boca de los medios hegemónicos que describe la pugna entre “dos grupos extremos”, - a favor y en contra -, “los/as pro aborto” lejos de prohibir la maternidad, como fácilmente se los/as interpreta y reduce, demandan que el Estado debe garantizar el libre acceso a un derecho sobre el propio cuerpo y en definitiva, sobre la propia vida. A diferencia del discurso “pro vida”, que sí se obstina en arrancar a la generalidad de las mujeres, católicas y no católicas, la posibilidad de elegir la maternidad de manera genuina y soberana, negando el carácter empírico de los abortos y por tanto, la necesidad social emergente de que sean realizados en hospitales públicos. 

          Esta tarde se visibilizó, una vez más, la tensión que rodea la discusión del aborto y la ofensiva que todavía representan los sectores de derecha junto a la iglesia católica de cara al ejercicio pleno de este derecho de las mujeres, asignatura pendiente de la democracia. 

La Justicia salteña justificó un doble abuso infantil

*Por Actis, María Florencia - Observatorio de Medios con Perspectiva de Género (FPyCS, UNLP)

                “Se ubica más bien en un lugar de mujer que de niña, mostrando un cuerpo desarrollado que puede ser objeto de deseo”, tipifica el documento expedido por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de la Provincia de Salta a una niña de nueve años, que junto a otra de once, sufrió un abuso sexual el 13 de octubre de 2011 por parte de un chófer de micros. El informe no sólo hace referencia a las características físicas sino también conductuales de la víctima: "se muestra extrovertida, desenvuelta y relata los hechos sin mostrar signos de angustia ni sentimientos de culpa".

                Además, interpreta que el hombre siempre se dirigió con palabras cálidas hacia las dos niñas abusadas tales como “mi vida”, “mi corazón” y advierte que “claramente (el acusado) tiene buen concepto por parte de la mayoría de los testigos".  La desconfianza sobre la palabra de la mujer denunciante y la valoración de la fisonomía de la víctima como factor de influencia en la evaluación judicial, es reflejo de una subjetividad patriarcal, situación preocupante en el seno de una institución legitimada para definir qué es “lo justo” y que tiene potestad sobre el destino de las personas.

                Catharine MacKinnon otorga al Estado condición masculina en el sentido feminista del término porque concibe las relaciones y pactos entre varones fundacionales de la estructura de dominio moderna. Como meta institución reguladora, se erige sobre una bio-lógica, es decir, fundamenta un sistema de roles sociales en torno a las identidades masculinas y femeninas a partir del “dato sexual”, para consolidar el poder masculino en los distintos planos de la vida pública. La mujer fue construida como “la otredad” en relación a un “nosotros” (sociedad masculina) y reducida a su rol instrumental de capitalizar seres humanos.  Se constituyó como “la mitad subordinada”; milenariamente asociada a la noche, la tierra impura, a ése “afuera”  más allegado al estado de naturaleza que al carácter civilizatorio del núcleo social, a los poderes ocultos, a la fuerza ingobernable capaz de provocar el ordenamiento masculino vigente y sus instituciones como la familia nuclear. Esta serie de relatos y argumentaciones históricas, que sirvieron para acorsetar a la mujer en la categoría de “alteridad”, siguen operando en las esferas de las distintas instituciones estatales y en el discurso de la sociedad civil.

                Las categorías estigmatizantes se traducen en prácticas discriminatorias. La Justicia Salteña, recientemente puso en evidencia  la actualidad de estos discursos de misoginia material y simbólica, desplegando un manto de sospecha sobre el consentimiento de la víctima cuando se trata de acosos por medios sexuales perpetrados contra una mujer. MacKinnon sostiene que "la ley ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres”; sin embargo, la cosmovisión machista de las relaciones sociales es propia de varones y mujeres. La Doctora Gabriela Buabse, Directora del CIF, del Ministerio Público de Salta y María Mercedes Posse, Investigadora asignada para la redacción del Informe citado en el primer párrafo, son quienes conciben que una niña, por tener un cuerpo exuberante, es parcialmente responsable de sufrir un abuso sexual y están lejos de comprender la situación como una manifestación más de violencia de género que nace del equivalente mujer como objeto sexual. Como todo/a sujeto/a subordinado/a presenta la potencialidad de insubordinación; la mitad subordinada puede rebelarse de su condición y devenir peligrosa, transgresora, activa, objeto de pánico moral.

                Como sostiene Sonia Sánchez, autora del libro “Ninguna mujer nace para puta”, la mujer que condena a otra “por puta” se está condenando a ella misma: “todas aquellas mujeres que se ponen en la fila de la posibilidad de inclusión, lo hacen desde una anulación y desde una condición humillante que las maquilla y las niega”.  Al reproducir el estigma de la mujer “vampiresa”, no están reconociendo los discursos inscriptos en sí mismas que las mantienen en el lugar de mitad subordinada.