viernes, 3 de mayo de 2013

La Iglesia Católica deberá indemnizar a la víctima por encubrir a un cura pedófilo


Actis, María Florencia
Si bien el daño moral puede ser resarcido económicamente, las nuevas autopercepciones del cuerpo como efecto del poder flagelante actúan, reconfigurando, la constitución subjetiva del niño, niña o joven abusado/a sexualmente. Las consecuencias traumáticas que enfrente el sujeto son designadas por la psicología como un “síndrome de acomodación”, ya que explica las dificultades para reconciliar su mundo de experiencias “privadas” con el flujo de experiencias provenientes del mundo “público”- exterior; mediadas por la culpa. Desde otra perspectiva, podríamos entender al abuso sexual infantil como una práctica que demuestra dominio físico, erigido sobre una desigualdad simbólica, anulando la voluntad del niño/a; una experiencia vital que trastorna las significaciones que adquiere sobre su entorno mediato e inmediato, altera los condiciones en que transcurre su vida personal y social, los parámetros para conocer, relacionarse, concebirse, proyectarse. Los modos en que se narra, se encuadra y se re-construye dicha vivencia en definitiva la determinan. Se trata de la dimensión formativa del uso del poder, el efecto de ese poder generando estructuras productivas de subjetividad.
Un tal Gabriel tenía quince años, vivía en Berazategui y tenía una enérgica impronta religiosa en su formación. Él y sus dos hermanos, participaban activamente durante sus años de adolescencia en de las misas, ayudando a los párrocos, y de otras iniciativas del culto católico. Beatriz Varela fue catequista y voluntaria de la Obra de María, en la diócesis de Quilmes. En 2002, luego de sufrir un abuso sexual por parte de un cura del barrio, Rubén Pardo, fallecido tres años después del hecho, se vio fuertemente decepcionado, tanto por la acción que él consideraba hasta ése momento de responsabilidad individual, como por el silencio corporativo y velo de impunidad y “perdón” que intentaron desplegar las jerarquías de la institución, en particular, el entonces obispo de Quilmes, Luis Stockler.
En los últimos días, la Cámara de Apelaciones de Quilmes ratificó la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N2, que encontró culpable a Pardo y obligó al Obispado de ese distrito a pagar una indemnización a la víctima y su familia por el delito de pedofilia que ronda los 155 mil pesos: 120 mil en concepto de daños morales,  7.800 para tratamiento psicológico para Gabriel, además de los intereses por los 11 años que distan desde la consumación del delito sexual y que tardó en llegar la Justicia penal.
La querella expresó una sensación satisfactoria, “reparadora” luego de escuchar este fallo, primero en la historia argentina que sanciona monetariamente a la iglesia católica por un caso de pedofilia, luego de quedar evidenciado el rol de complicidad y tendiente al ocultamiento de la verdad que jugó la institución en los años posteriores al abuso, enviando al sacerdote implicado a confesar niños/as a Córdoba, paradójicamente.
Los dos medios que abordaron el tema fueron Página/12 y La Nación, construyendo relatos con profundidad temática y testimonial desigual.  En Clarín digital no se hizo mención a la decisión judicial. En el orden local, el mismo escepticismo de El Día.  
La Nación dio espacio el día lunes 29 y martes 30, en dos notas de extensión estándar y desde una voz “neutral” que relata los hechos cronológicamente; no arriesga ningún análisis pormenorizado sobre la problemática de los abusos.  Se nutre principalmente del testimonio de la víctima, reproduciendo análisis que él imparte en relación al grado de “cotidianeidad” de esta forma de violencia perpetrada contra los/as niños/as en nuestra sociedad. En este sentido, para retratar la decadente postura de la iglesia, subtitula “Burla” los párrafos en que el denunciante detalla cómo pontífices argumentaron lo sucedido (“Le dijo a mi mamá que tenía que ser considerada con las personas que elegían el celibato porque podrían tener momentos de debilidad. Así llamó a un hecho tan aberrante como la pedofilia"). El apartado en cuestión, que es el último, cierra la nota con una frase contundente: "callarlo es tener complicidad”, alusiva no sólo al papel de quienes rodean a la víctima, saben del caso y no accionan (e incluso, ejecutan mecanismos de inducción al silencio, principalmente la iglesia en este caso, las familias de las víctimas en muchos otros), sino también a la elección de omitir de la propia víctima. En la nota publicada el día martes 30, reiterando en el cuerpo de la nota casi la totalidad de los datos y declaraciones, deja de mencionar que el pedófilo murió a causa de vih sida en 2005.
Página/12, por su parte, en su versión digital, publicó el lunes 29 una nota sobre el caso titulada “Este fallo me da mucha tranquilidad y consuelo”, que ordenó en la sección El País, y ocupó un espacio preferencial en la portada de noticias del día.  En cuanto al tratamiento en este medio particular, la nota presenta una extensión considerable, que incluye una puesta en contexto del hecho y una reconstrucción de la escena del crimen a través de una entrevista con el protagonista. También hay una evocación a distintos responsables, más y menos directos, que tuvieron conocimiento del abuso y cuyas respuestas fueron nulas. Por último, se emplean adjetivos y reflexiones que vislumbran el posicionamiento de la periodista, por ejemplo “La Iglesia nunca reconoció el hecho como un delito aberrante”. Vale la pena recalcar, que el día martes 30 de abril, en la mini sección catalogada “Pirulo de Tapa”, enfatizaron con el título “Ex comulgado” la situación de un sacerdote -Roberto Francisco Daniel- que fue ex comulgado luego de “bajar línea” durante una ceremonia en que cuestionaba las prohibiciones “sexuales” de la Iglesia Católica y su dogma, desanclado en tiempo, espacio y culturas. 

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