Lic. María Belén Rosales
Observatorio de medios con perspectiva de gènero
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sancionó y promulgó el 5 de Julio un decreto nacional para erradicar en toda la Argentina avisos clasificados que promuevan la explotación sexual. “Hemos dado un gigantesco paso contra la trata y la discriminación al firmar este decreto (…) La publicación de ofertas sexuales es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas y a la vez una profunda discriminación hacia las mujeres“, señaló la presidenta.
La noticia sorprendió en el salón de las Mujeres de la Casa Rosada colmado de militantes feministas y del movimiento LGTB que se sintió tal vez, por primera vez, realmente escuchado, con una medida tan claramente impulsada y alimentada desde estos espacios, quienes consideran que la prostitución es una forma de esclavitud sexual y la trata de mujeres, niños y niñas, un flagelo que constituye una grave violación a los derechos humanos.
Las investigaciones judiciales y de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y sociales han demostrado que detrás de estas ofertas que aparecen de manera sistemática y organizada en los medios de comunicación, existen vastas redes de captación, circulación y sometimiento de personas, con ramificaciones nacionales, regionales e internacionales de tráfico.
Vale resaltar que la trata de personas para su sometimiento sexual y laboral es uno de los negocios más lucrativos del planeta. Incluye niñas, niños y personas con alta vulnerabilidad social, y está penada por las legislaciones internacionales y nacionales. Esta forma moderna de esclavitud que incluye el secuestro, la vejación y el sometimiento, comenzó a salir a la luz pública y modificando las agendas gubernamentales y la acción judicial, gracias al aporte creciente de las organizaciones sociales que trabajan para denunciar y hacer visibles estas redes. El tema suma también repercusión por el aporte que realizan los periodistas y medios de comunicación, investigando, publicando y denunciando estos hechos.
Desde el año pasado varios medios de distintas provincias habían anunciado que retiraban los anuncios de prostitución de sus páginas y varias legisladoras presentaron diversos proyectos para buscarle la vuelta a un tema complejísimo, porque involucra los poderes más fuertes y porque es una práctica muy arraigada en nuestra sociedad.
Según establece el decreto presidencial en su artículo primero, quedan prohibidos en todo el país “los avisos que promuevan la oferta sexual y hagan implícita o explícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio con la finalidad de prevenir el delito dela Trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación hacia las mujeres”.
En definitiva, esta normativa esta orientada a evitar la oferta sexual de cuerpos de mujeres, niñas y niños, y con ello el sostenimiento del negocio basado en el consumo la explotación sexual de estas personas en redes de trata. Pero también nos lleva a pensar en la responsabilidad social de los actores que intervienen en la producción, difusión y circulación social de sentidos anclados en la naturalización del consumo de cuerpos con fines de ocio sexual. La producción de contenidos en los medios o para los medios de comunicación es un tema que se viene debatiendo fuertemente en el ámbito académico desde hace algunas décadas y que se recobró gracias a la promulgación de la nueva Ley de Medios de Servicios Audiovisuales.
El decreto 936, de aplicación en todala República Argentina , fue firmado en el marco de la lucha contra la trata de personas pero también en cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, conocida como Ley de Violencia de Género y que, en consonancia con la Convención de Belém do Pará, protege los derechos humanos de las mujeres en lo relativo a gozar de una vida libre de violencias.
Las investigaciones judiciales y de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y sociales han demostrado que detrás de estas ofertas que aparecen de manera sistemática y organizada en los medios de comunicación, existen vastas redes de captación, circulación y sometimiento de personas, con ramificaciones nacionales, regionales e internacionales de tráfico.
Vale resaltar que la trata de personas para su sometimiento sexual y laboral es uno de los negocios más lucrativos del planeta. Incluye niñas, niños y personas con alta vulnerabilidad social, y está penada por las legislaciones internacionales y nacionales. Esta forma moderna de esclavitud que incluye el secuestro, la vejación y el sometimiento, comenzó a salir a la luz pública y modificando las agendas gubernamentales y la acción judicial, gracias al aporte creciente de las organizaciones sociales que trabajan para denunciar y hacer visibles estas redes. El tema suma también repercusión por el aporte que realizan los periodistas y medios de comunicación, investigando, publicando y denunciando estos hechos.
Desde el año pasado varios medios de distintas provincias habían anunciado que retiraban los anuncios de prostitución de sus páginas y varias legisladoras presentaron diversos proyectos para buscarle la vuelta a un tema complejísimo, porque involucra los poderes más fuertes y porque es una práctica muy arraigada en nuestra sociedad.
Según establece el decreto presidencial en su artículo primero, quedan prohibidos en todo el país “los avisos que promuevan la oferta sexual y hagan implícita o explícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio con la finalidad de prevenir el delito de
En definitiva, esta normativa esta orientada a evitar la oferta sexual de cuerpos de mujeres, niñas y niños, y con ello el sostenimiento del negocio basado en el consumo la explotación sexual de estas personas en redes de trata. Pero también nos lleva a pensar en la responsabilidad social de los actores que intervienen en la producción, difusión y circulación social de sentidos anclados en la naturalización del consumo de cuerpos con fines de ocio sexual. La producción de contenidos en los medios o para los medios de comunicación es un tema que se viene debatiendo fuertemente en el ámbito académico desde hace algunas décadas y que se recobró gracias a la promulgación de la nueva Ley de Medios de Servicios Audiovisuales.
El decreto 936, de aplicación en toda
La implementación de la norma: el rol del AFSCA y de los medios
Para implementar la medida, fue dispuesta la creación de una Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Prostitución dentro del Ministerio de Justicia, que articulará junto al Consejo Nacional de las Mujeres (organismo designado para implementar
La medida avanza entonces en el diseño de política pública tendiente a regular los contenidos de los medios de comunicación en relación con la discriminación hacia las mujeres, y complementa el proceso iniciado con
La misma es definida por la ley como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”. Los avisos que promueven la oferta sexual en los medios de comunicación quedan perfectamente encuadrados en esta definición.
Desde el 18 de julio, la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual, el organismo creado por el decreto, podrá aplicar sanciones a los medios de comunicación o portales de Internet que violen la prohibición de difundir las publicidades contempladas en la resolución.
La fecha fue confirmada por el ministro de Justicia Julio Alak, quien también señaló –como publicó Página/12 – que el decreto 936 “claramente determina que será controlada y prohibida toda la oferta (sexual) por cualquier medio, que incluye a los que no son gráficos”, en referencia a los sitios web y los volantes de vía pública. El decreto firmado, agregó, tiene vigencia a partir de “los ocho días hábiles de la publicación” en el Boletín Oficial.
“Muchos medios han dejado de publicar avisos tras la sanción del decreto” de oferta sexual, destacó el ministro Alak al tiempo que informó que se había reunido con representantes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y del Consejo Nacional de las Mujeres para conformar la Oficina de Monitoreo, que “internamente ya está funcionando”.
El funcionario también aclaró que toda oferta por medio de avisos “es un vehículo” para la trata de personas, un delito “aberrante” que tiene como objetivo “la explotación” de jóvenes, adolescentes, niñas y niños. Por ello, agregó, se avanzará “en la reglamentación para que la oferta sexual, que es el vehículo de la trata, no se pueda ejecutar a través de medios audiovisuales ni Internet. Los portales no pueden hacer ofertas de sexo”.
Vale recordar que en el año 2010, varios diarios provinciales tomaron la decisión de dejar de publicarlos en sintonía con este reclamo y en una etapa de auge de las redes de trata y tráfico de personas (80% de las cuales son mujeres) en el país.La Arena (La Pampa ), La Mañana (Neuquén), La República (Corrientes), El Tiempo (Pergamino) y El Diario de la República (San Luis) son algunos de los que lo hicieron. Los diarios nacionales, en cambio, continuaron con su política de difusión de avisos que dejan importantes beneficios. Según un cálculo realizado por el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández estos avisos le dejarían al diario Clarín (con su famoso rubro 59) un millón de pesos al año. Otros de los diarios nacionales que publican avisos de este tipo son La Nación , Crónica, Ambito Financiero, Diario Popular y El Argentino. En España, un cálculo realizado por una comisión parlamentaria en el año 2007 señaló que los diarios españoles ganaban 40 millones de euros al año con estos avisos (ver El gran negocio hipócrita de la prostitución).
Vale recordar que en el año 2010, varios diarios provinciales tomaron la decisión de dejar de publicarlos en sintonía con este reclamo y en una etapa de auge de las redes de trata y tráfico de personas (80% de las cuales son mujeres) en el país.
La libertad de expresión, tensiones y conflictos en el orden del sentido
La medida, que podría para algunos sectores constituir un acto de reconocimiento público y oficial de las demandas que durante quince años vienen impulsando las organizaciones sociales y un dispositivo para instalar en la agenda pública el tema de la responsabilidad social de los medios, para otros actores no es mas que otro mecanismo impulsado por el Ejecutivo Nacional para dar una dura batalla en la eterna contienda contra el multimedio Clarín que es el diario en definitiva que más recauda con este tipo de avisos ya que publica a diario varias páginas con esos avisos en su edición impresa
El 5 de Julio el diario PERFIL publicó que Aníbal Fernández escribió el 9 de septiembre de 2010 un artículo titulado "La trata y el rubro 59, las dos ventanillas de la noticia", en el que criticaba la "doble moral" del diario Clarín " por denunciar casos de trata en el diario y al mismo tiempo publicar numerosos avisos de oferta sexual.
"En el Rubro 59 de sus avisos clasificados, que corresponde a la oferta de sexo, 'La Nave Insignia' del imperio mediático (...) publicó 6.774 avisos que, a un promedio de 63 pesos la línea (...) representan la friolera de más de un millón de pesos mensuales", disparó el funcionario nacional en su portal.
Según escribió el jefe de Gabinete, "lo de Clarín excede el ejercicio de la doble moral para ingresar en lo que Gregory Bateson definiera como la Teoría del Doble Vínculo en función de explicar el fenómeno interaccional que produce la comunicación esquizofrénica".
La prohibición termina con una fuente lucrativa pero un tanto hipócrita de los medios, ya que mientras en las páginas de clasificados se publican estos avisos, en el cuerpo y programas centrales suelen ser presentadas investigaciones sobre trata de personas y/o prostitución que enfatizan la necesidad de dar una solución política al tema. Las y los directivos de medios suelen no responsabilizarse por la publicación de estos avisos e históricamente cuestionaron cualquier regulación como un ataque a la libertad de expresión.
Quienes hace tiempo piden por la prohibición dicen, en cambio, que la libertad de expresión no se mide en la publicidad y acusan a los medios de complicidad con posibles proxenetas y tratantes de personas (el proxenetismo y los prostíbulos –que suelen ser publicitados en estos avisos- están prohibidos en Argentina).
El diario Clarín, publicó en la sección Sociedad del 7 de julio de 2011 una nota bajo el título "Críticas al oficialismo por no debatir en el Congreso la trata de personas” y en la bajada informa que: “Además, las meretrices afirman que la medida cercena sus derechos” ( ver en: http://www.clarin.com/sociedad/titulo_0_512948813.html).
La nota hace referencia a las declaraciones de el presidente del bloque de diputados de la UCR , Ricardo Gil Lavedra, que afirmó que el decreto “constituye una nueva afrenta al Congreso por parte del Poder Ejecutivo y una nueva maniobra destinada a intentar apropiarse apresuradamente de eventuales beneficios políticos en tiempos electorales”.
Además, destacó que “desde el bloque de la UCR hemos solicitado en distintas oportunidades su tratamiento, a lo que se ha negado el bloque oficialista, pues se prefiere gobernar al margen de la Constitución ”.
La diputada Fernanda Gil Lozano, conocida por su lucha contra la trata de mujeres y autora de un proyecto de ley presentado en el 2010 en la Cámara Baja -que establece la prohibición de la oferta, la promoción y/o la publicidad del comercio sexual ajeno por cualquier medio de difusión- señalaba el viernes 8 de julio en el suplemento LAS/12 del diario Página 12: “No quiero decir que los medios de comunicación o las empresas de servicios de Internet avalen la trata de personas, pero pretendo señalar que nadie es ajeno o ignora lo que se publicita en los avisos clasificados conocidos bajo el rubro 59 o el rubro acompañantes. Tampoco lo es a las propuestas audiovisuales que convocan, por ejemplo, a enviar la palabra ‘colegiala’, ‘vecina’ o ‘carita’ a tal o cual número de móvil. Por lo tanto, si el proxenetismo y la trata, además de ser delitos, constituyen actos opresivos y de profunda violencia, el circuito que los promueve, también lo es”.
Para algunos legisladores como la Diputada Nacional María Luisa Storani la norma hace un planteo acotado para ir contra el flagelo desde la mirada socio-educativa-cultural y de responsabilidad social mediática ya que “se limita solo a los medios gráficos, sin embargo esta medida es una mínima respuesta al duro informe sobre Trata de personas que presento la Relatora de Naciones Unidas” para quien "Argentina No cumple totalmente con los estándares mínimos para la Eliminación de la trata de personas" además de haberse incrementado en Argentina con "niveles significativos de complicidad oficial", o sea connivencia oficial con la Trata de Personas.
La voz de las organizaciones de la sociedad civil
"El tema ya estaba incluido en un proyecto del Congreso. Nos apena que no haya salido por esa vía. Sabemos del arduo trabajo de diputadas/os, senadoras/es y de las ONGs que participaron intensamente del debate en comisiones”, destacó Monique Altschul, Directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad, organización que trabaja desde hace más de diez años en la lucha por la erradicación de la trata. La referente evaluó que : “el decreto del rubro 59 es apenas un aspecto. Esperamos que a este decreto, le siga el tratamiento de la Ley de Trata en el Congreso, cuya inminencia se viene anunciando desde comienzos del año legislativo. Con esta nueva ley se corregirían errores conceptuales (el consentimiento de la víctima), se implementarían aspectos cruciales, como ser un Plan de Acción Nacional que cubra la asistencia a víctimas de trata en todo el país, o campañas adecuadas de prevención”, y reflexionó: "ojalá que, en medio de este clima de ebullición, se trate ahora la reforma de la Ley de Trata y se le adjudique un presupuesto adecuado."
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) consideró que el decreto presidencial 936/11 que prohíbe la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual o hagan implícita o explícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual “es un avance en la lucha contra los delitos de trata de personas y el delito de proxenetismo, que inevitablemente debe ser complementado con medidas de persecución penal efectivas y coordinación en políticas públicas de todos los estamentos y niveles del Estado (nacional, provinciales y municipales), que demuestren voluntad y ejecución política efectiva en esta materia”, según manifestó la entiadd en una gacetilla de prensa.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) consideró que el decreto presidencial 936/11 que prohíbe la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual o hagan implícita o explícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual “es un avance en la lucha contra los delitos de trata de personas y el delito de proxenetismo, que inevitablemente debe ser complementado con medidas de persecución penal efectivas y coordinación en políticas públicas de todos los estamentos y niveles del Estado (nacional, provinciales y municipales), que demuestren voluntad y ejecución política efectiva en esta materia”, según manifestó la entiadd en una gacetilla de prensa.
Fopea expresó que desde hace más de un año viene desarrollado una intensa campaña para lograr la supresión voluntaria en los medios gráficos de todo el país de aquella publicidad engañosa, que encubra la captación de personas para la explotación sexual o promocione el proxenetismo, hechos que son delito penal. Esta organización lo hizo pidiendo la autorregulación de los medios, por entender que es el mejor camino para evitar la contradicción en que hoy incurren aquellos que desde su contenido periodístico investigan y condenan el proxenetismo y la trata de personas, a pesar de que en otras páginas o espacios difunden avisos que los promocionan o encubren.
Efectivamente, en un comunicado difundido en su pagina web el 5 de julio del año pasado Fopea expresó que “cuanto menos es contradictoria la conducta de medios de comunicación que, en su definición editorial y su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas publicando avisos clasificados de proxenetismo y explotación sexual o ligados a evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables. Un dato adicional es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electrodomésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita”. Asimismo la entidad hizo “un llamado de atención a la opinión pública en general y a las empresas periodísticas en particular -en especial a los medios gráficos, en los cuales este tipo de anuncios adquiere mayor preeminencia- solicitándoles que revisen sus criterios de publicación de avisos, a fin de no ser cómplices de un delito aberrante”.
Efectivamente, en un comunicado difundido en su pagina web el 5 de julio del año pasado Fopea expresó que “cuanto menos es contradictoria la conducta de medios de comunicación que, en su definición editorial y su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas publicando avisos clasificados de proxenetismo y explotación sexual o ligados a evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables. Un dato adicional es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electrodomésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita”. Asimismo la entidad hizo “un llamado de atención a la opinión pública en general y a las empresas periodísticas en particular -en especial a los medios gráficos, en los cuales este tipo de anuncios adquiere mayor preeminencia- solicitándoles que revisen sus criterios de publicación de avisos, a fin de no ser cómplices de un delito aberrante”.
Sin embargo, tras las gestiones realizadas por Fopea, sólo seis medios de comunicación de la Argentina aceptaron rechazar los avisos de ese contenido, y otro restringió su política de aprobación de esos avisos. Muchas otras empresas periodísticas no aplicaron esta sugerencia.
Fopea propone que más allá del decreto firmado por el Ejecutivo Nacional, se aproveche que el debate haya tomado estado público y se trate una ley específica en el Congreso de
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