A siete años del feminicidio de Sandra Ayala Gamboa

*Por María Florencia Actis.

Sandra Ayala Gamboa llegó a la Argentina el 28 de octubre del 2006 para estudiar medicina en La Plata. El 16 de febrero del 2007, fue a una entrevista de trabajo y nunca volvió a su casa. Una semana después la encontraron violada y asesinada en Rentas - Archivo del Ministerio de Economía (actual ARBA). En octubre de 2012, se inició el juicio de la causa, y en noviembre se dio a conocer una sentencia, insuficiente teniendo en cuenta las expectativas tanto de su madre, Nelly, como de las propias organizaciones y colectivos/as que la acompañaron desde los primeros meses.

Dicha sentencia, emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata, condenó a Diego José Cadícamo, único imputado por el asesinato de Sandra, a 21 años de prisión, y por la violación de 7 mujeres más, en algunos casos, inmigrantes como Sandra, y menores de edad. No obstante, más allá de la autoría material del hecho, faltó esclarecer, puntualizar y juzgar a otros actores responsables y cómplices, precisamente por tratarse de un crimen acaecido en un edificio del Estado Provincial. El abogado defensor de la familia Gamboa había solicitado ampliar  la causa para investigar a quienes ingresaron al lugar durante los días que tardaron en encontrar el cadáver de Sandra.

A 7 años del feminicidio, a raíz del carácter express del juicio y parcial de la sentencia, perdura la sensación de impunidad e indignación ya que la causa no aborda un femicidio más, sino que agrega un componente de complejidad y gravedad por involucrar al Estado de la provincia.

A partir de la particularidad de la implicancia estatal- por acción u omisión-, podríamos re-encuadrar el asesinato en la carátula, de mayor connotación política, de feminicidio. A diferencia del concepto de femicidio, que presume un victimario concreto, feminicidio remite a otra escala de responsabilidades, y denuncia la inactividad, el incumplimiento, la negligencia y el silenciamiento de las autoridades competentes, y el desconocimiento a convenciones internacionales, en el caso de Argentina, a la ley nacional 26. 485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

También se considera feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas ya sea en el hogar, en el lugar de trabajo, de ocio, en el marco de cualquier institución estatal o en la vía pública.

Un claro indicativo dentro del expediente de Sandra, es la inacción y lentitud a la hora de realizar las diligencias necesarias por parte del personal policial de la Comisaría  1° de la ciudad, donde se radicaron las denuncias de sus familiares, luego de la desaparición de la joven y hasta el día en que hallaron su cuerpo. Esta situación fue sometida a investigación, gracias al pedido del abogado defensor, bajo el presunto “ilícito de acción pública”.  

Una de las consignas que nuclea las movilizaciones actuales por Sandra, es el repudio a la apertura del edifico como oficinas, y la recuperación del mismo para asistencia a víctimas de violencia de género. Posicionar el concepto de feminicidio como consigna de lucha, y promover su uso jurídico al momento de dar cuenta de las múltiples formas de violencia de género que soportan las mujeres víctimas y de los múltiples agresores –directos y colaterales- que participan del hecho,   desmoralizando y ultrajando la integridad y autoestima de las mujeres en distintas instancias, constituye un desafío para el movimiento de mujeres en las calles, y ante futuras causas.

(*) Observatorio de Medios, Comunicación y Género, Centro de Comunicación y Género, FPyCS, UNLP.

La dimensión institucional de la violencia de género

(*) Por María Florencia Actis.

En el día de ayer, trascendió a través de los medios y redes sociales la brutal golpiza que una mujer sufrió en la comisaría 4ta. de Virreyes, en San Fernando, cuando fue a denunciar un caso de violencia de género perpetrado por su hermano. El hecho fue registrado con la cámara de un teléfono celular y el video, que evidenciaba la situación en que fue agredida y a sus dos agresores, circuló públicamente.

El hecho devino rápidamente en noticia por el nivel y tipo de violencia ejercida por parte del personal policial, y  el impacto visual causado por el soporte técnico. Vale aclarar, que las mujeres denunciantes de violencia de género padecen “normalmente” diversas formas de maltrato y revictimización en las comisarías.

A la circularidad inherente al llamado ciclo de la violencia de género al interior de las relaciones de pareja (“acumulación de tensión”, “explosión violenta”, “distanciamiento” y “reconciliación o luna de miel”), se le suma una dimensión de lo circular que involucra a agentes externos. El personal policial, judicial y hasta médico, lxs vecinxs, amigxs e incluso la familia, suele reproducir sentidos, roles, tratos propios del ciclo de violencia “interno” pero en otras instancias.

Se podría establecer una dialéctica de retroalimentación entre ambos círculos cuyo componente de violencia no se origina en el seno de la pareja, sino que es en la pareja que se configura y consolida un tipo de relación, en sintonía con relaciones de poder constitutivas a una cadena de instituciones y lógicas de funcionamiento social. Cuando el ciclo de violencia de género en el marco de una pareja exaspera y se vuelve inteligible, no encuentra respuesta en su entorno, en instituciones sociales donde todavía perduran concepciones misóginas, resabios del “algo habrán hecho”. En este sentido, la estructura dialéctica y los círculos de violencia, deben frenarse no sólo mediante mecanismos  ágiles de atención a las mujeres víctimas, sino también y principalmente, con prevención, transformando discursos y relaciones sociales instituidas, que suelen provocar maltrato físico y “denunciable”.

En el caso de los policías de San Fernando, la violencia y el abuso se manifiesta en su versión más cruda. La institución policial nuevamente protagonizando un hecho ilegal y déspota, que pone en juego no sólo la modalidad de apremio que emplea cotidianamente la policía contra lxs pobres que “habitan” las comisarías, sino la lectura que tiene de las mujeres, y de la violencia que soportan. Resulta fundamental comprender que no se trata del accionar aislado de dos policías, sino de un desconocimiento y una deslegitimación sistemática de la violencia de género como problemática de agenda, por parte de esta institución.  

Del mismo modo que lxs médicos en los hospitales públicos se niegan a asistir a una mujer que llega a la guardia con hemorragia luego de practicarse un aborto “clandestinamente”, estos hechos de violencia policial e institucional son en sí mismos, tipificables como violencia de género.

 (*) Centro de Comunicación y Género, FPyCS, UNLP. 

Breve análisis de los incesantes femicidios

*Actis, María Florencia

La semana comienza con un nuevo femicidio. Esta vez, le tocó a una adolescente santafesina de 14 años. Su cuerpo - semidesnudo, violado y calcinado-, fue hallado en un campo de la localidad de Theobald, a 57 kmts de Rosario.

Al  doble femicidio de San Martín, en que un hombre de 49 años asesinó a su pareja y a la hija de ella, conocido en las últimas semanas, se le suma otro en que una mujer fue ahorcada por su ex el pasado lunes 25 de noviembre, luego de una calculada planificación y el impune anuncio de sus intenciones a través de las redes sociales.

El relato periodístico, puntualmente del diario Clarín, bajo el supuesto de objetividad, está narrado con la frivolidad de las pesquisas policiales. Las fuentes consultadas son, con exclusividad, las judiciales, reproduciendo las carátulas e interpretaciones propias de los funcionarios. Combinada a esta modalidad,  el abordaje presenta un eventual lenguaje sensiblero, “una carta manchada con sangre de Gioffre es una pieza clave”, “el hombre le propinó una feroz paliza a Analía”, “fue tras una fuerte discusión”.  

Al menos en la versión digital del medio, se observa una interrelación de los casos semanales  en un recuadro que se titula “Violencia de género”, y la inclusión del concepto de femicidio como titular de la nota de San Martín, aunque esta nomenclatura resulta aun exepcional. “Violencia de género” parece ser, y es, el denominador transversal y precursor de estos hechos; no obstante, queda claro que la violencia de género para el medio sólo es  alarmante cuando la mujer termina, como mínimo, hospitalizada. Asimismo, pareciera que la reproducción de fotografías, contenidos y titulos heretosexistas (“En los quirófanos, los cuerpos más pedidos”), que el medio incluye en secciones “de menor rango”, no se consideran manifestaciones de violencia de género. Los parámetros en que circunscriben el margen de agenciamiento de las mujeres – el hogar, la pareja, la maternidad, el cuidado de la imagen personal-, en correlación con otra serie de discursos sociales instituidos, constituyen los cimientos y justificativos que animan al varón a materializar la acción violenta.

Un ejemplo de esta concatenación entre discursos, prácticas y modalidades, fueron las repercusiones del conocido femicidio de Wanda Taddei. La reconstrucción mediática puso de relieve el componente emotivo dando lugar de relevancia a la versión del femicida, el músico Eduardo Vázquez. La tonalidad, las observaciones, las fuentes, las imágenes, las descripciones que han puesto en escena, posicionan el hecho en el seno de la opinión pública como un tema de interés general o particular, lo inscriben en una problemática social o en una situación aislada, delimitada en un tiempo. Quienes nos encargamos de llevar un registro más o menos sistematizado de los casos de violencia de género en los medios,  aseveramos que las características del accionar de Vázquez se han repetido en casos posteriores , extendiéndose la tendencia a “quemar mujeres”.  Sin ir más lejos, una mujer fue rociada con nafta y prendida fuego el pasado lunes 25 de noviembre en el barrio porteño de Bajo Flores,  sufriendo lesiones graves en el 30 por ciento de su cuerpo.

En síntesis, lo que se intenta patentizar es la responsabilidad de los agentes mediáticos, en tanto voces de incidencia pública, en la replicación de casos, y lógicas de funcionamiento de la violencia. El vínculo inter-personal de violencia es el último y más tangible eslabón de este círculo, y el femicidio su expresión más atroz, pero la conformación de condiciones para el ejercicio de relaciones violentas y desiguales entre los géneros, es alentada desde instituciones sociales, muchas veces, desde las mismas que dicen combatir su erradicación.  

http://www.clarin.com/sociedad/Discutieron-pareja-prendio-fuego_0_1036696781.html

http://www.clarin.com/sociedad/Ahorco-ex_mujer-escapo-Paraguay-violencia_de_genero_0_1036696608.html

http://www.clarin.com/sociedad/Doble-femicidio-San-Martin-declarar_0_1036696770.html

http://www.clarin.com/policiales/Santa_Fe-adolescente_asesinada_0_1040296233.html

*Observatorio de Medios, Comunicación y Género- Centro de Comunicación y Género.

Día de la no violencia de género

Por María Florencia Actis*

Desde hace 14 años, cada 25 de noviembre se lleva a cabo oficialmente el día de la no violencia contra las mujeres, luego de que la Asamblea General de Naciones Unidas así lo dispusiese, en conmemoración de los asesinatos perpetrados por la dictadura de Rafael Trujillo en perjuicio de las hermanas Patria, Minerva y Santa Teresa Mirabal, en 1960.

Porque las consignas se sitúan y actualizan conforme a las condiciones sociales  espaciotemporales, la lucha que sale a las calles hoy y congrega miles de mujeres en más de 80 países, se reconfigura como el día de la no violencia de género, nucleando no sólo las demandas de las mujeres, sino también las voces de otrxs sujtexs políticxs, brutal y cotidianamente violentadxs por el sistema patriarcal vigente.  

Como entiende y desarrolla Rita Segato en El Género en la Antropología y más allá de ella, “los géneros constituyen una emanación de posiciones en una estructura abstracta de relaciones fijada por la experiencia humana, acumulada en un tiempo muy largo, que se confunde con el tiempo filogenético de la especie; estructura que impone al mundo una ordenación jerárquica, y contiene la simiente de las relaciones de poder en la sociedad”. Las configuraciones de poder que funda dicha estructura, y los significados que adjudica a cada género, organiza la desigualdad, normaliza el ejercicio de la violencia. En este sentido, el 25 de noviembre se posiciona como una instancia fértil donde intersectar denuncias y transparentar realidades marcadas por la violencia institucional y policial, por la discriminación e indiferencia social, en distintos escenarios públicos y privados.

Una de las banderas que encabeza las manifestaciones en el marco del 25 de noviembre a lo largo del continente, es la que exige aborto legal, seguro y gratuito. En nuestro país, puntualmente es tematizada en diferentes espacios estratégicos de decisión e incidencia política por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito. También conocida como “campaña verde”, esta iniciativa federal surgida en 2005, sintetiza una correlación de fuerzas y esfuerzos entre organizaciones feministas, en muchísimos aspectos disímiles, una apuesta a una alianza pluridiversa.

 La necesidad de visibilizar con carácter prioritario la clandestinidad del aborto y su impacto en esta fecha, está vinculada a la necesidad de abrir el juego, y abandonar la idea no menos equivocada que unidireccional, de que la violencia de género es la violencia física que ejerce un varón sobre una mujer en el contexto de una relación, o ex relación, sexo-afectiva. También es violencia de género cuando los gobiernos niegan, por acción u omisión, a través de las instituciones del Estado, derechos a las mujeres, soberanía sobre sus cuerpos, y se redimen responsabilidades políticas a la hora de velar por sus vidas. Esta modalidad de violencia instituida, constituye una deuda crucial de las democracias latinoamericanas.

 A tan sólo un día de que alrededor de 20 mil mujeres se reúnan en la localidad de San Juan en el XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres, este 25 de noviembre encontró a las mujeres y a todxs aquellxs sujetxs movilizadxs contra de las violencias patriarcales en el espacio público nuevamente, con más ímpetu y formas organizativas de cara a sus reclamos, históricos y emergentes.

*Observatorio de Medios, Comunicación y Género, Centro de Comunicación y Género. 

Sobre la elección de Miss Latinoamérica Trans

Por María Florencia Actis*

Esta noche, a las 21 hs, se llevará a cabo en el Teatro Bar de calle 43 entre 7 y 8, el concurso de belleza de trascendencia internacional Miss Latinoamérica Trans, promovida por la Asociación Civil OTrans La Plata, constituyendo la primer convocatoria a nivel local.

Como es de público conocimiento, el popular certamen y el título de Miss Universo, surge y perdura desde los años ’50, como la manifestación sublime de la belleza femenina, personificada en una mujer. Jactándose de evaluar la belleza integralmente, y no acotada al aspecto físico, este evento fue y continúa siendo altamente cuestionado, sobre todo por organizaciones y colectivos del feminismo, por reproducir cánones de belleza restrictivos, productores de estereotipos y de múltiples discriminaciones. Ante todo, atribuye el significado de lo bello exclusivamente a la mujer blanca portadora de una imagen esbelta. A partir de un acuerdo firmado entre la Miss Universe Organization y la Alianza contra la Difamación de Gays y Lesbianas de Estados Unidos, en 2012 se pusieron en discusión las bases del concurso donde se establecía que las aspirantes debían ser nacidas mujeres.

Más allá de la necesidad de relativizar la idea de mujer, comprenderla como categoría contingente y revisar los estatutos que configuran la “personalidad femenina”, también es importante repensar por qué la femeneidad y sus características constitutivas son patrimonio de la identidad “mujer”. El heterosexismo destina de manera privativa sensibilidad, afectuosidad, elegancia, sexappeal, prolijidad para las “nacidas” mujeres. El varón feminizado, las personas trans y las mujeres que reniegan de los mandatos, se definan lesbianas o no, son concebidxs como disidencias respecto del universal varón y mujer, relegadxs al estigma o la compasión de la sociedad.

Otro punto discutible está orientado a la reflexión que insta Néstor Perlongher en “La desaparición de la homosexualidad”, en donde describe el adormecimiento de la fiesta del apogeo que produjo la salida de la homosexualidad a la escena pública, y su posterior normalización. Analogando, vale leer la inserción, no sólo de los cuerpos trans sino de todos los cuerpos,  dentro de los estándares femeninos que proponen los concursos de belleza en clave de operaciones de violencia simbólica, y los costos políticos que conlleva.

Por otro lado, OTrans interpreta al concurso como un nuevo y estratégico escenario desde el cual disputar lugares de reconocimiento y equidad de derechos para la comunidad lgtb. “El certamen es la excusa para dar cuenta del sentido más político de las diferentes realidades que atraviesa la comunidad trans latinoamericana, sin eludir el carácter celebratorio por las conquistas logradas".

* Laboratorio de Comunicación y Género, FPyCS.

Debaten sobre el aborto en ADULP

Fuente: Área de Prensa, FPyCS

"El aborto legal, una deuda de la democracia" fue eje de la charla

En el marco del Día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, conmemorado el pasado 28 de septiembre, se llevó a cabo en la sede de ADULP la charla debate “El aborto legal, una deuda de la democracia”.

En el encuentro disertaron la decana de la Facultad, Florencia Saintout, Carlos Rozanski, Juez Federal, Adela Segarra, diputada nacional y Estela Díaz secretaria de género de la CTA.

El inicio de la charla estuvo a cargo de Estela Díaz quien resaltó que el aborto era una práctica con la que se convive desde siempre “Lo que cambió es que ahora sí se habla. Quien decidió interrumpir un embarazo lo va a hacer aun a costa de su salud y su propia vida. Las mujeres somos ética y moralmente responsables de nuestras decisiones sexuales y reproductivas. Lo que pedimos es que haya leyes que acompañen estas decisiones” y agregó “Es un problema de salud pública. No tiene que haber desigualdad en el acceso a esta práctica”.

Florencia Saintout dijo que en relación al aborto, era necesario pensar cómo se había construido a lo largo de la historia el rol de la mujer y de la madre “La condición de madre es absolutamente histórica, sostenida y construida en siglos y siglos de dominación. Incluso vale recordar que el patriarcado precede al capitalismo, cómo no va a ser profunda esta construcción” y agregó “La mujer aparece sólo ligada a la posibilidad de la reproducción de este orden establecido por el patriarcado”.

“En este sentido se va tejiendo una cultura, un modo de entenderlo como un sentido común, como una verdad y aquel que intente correrse, que la ponga en cuestión, es aquel que lleva adelante el crimen de romper con la posibilidad de estar juntos. La prohibición del aborto tiene un efecto profundamente disciplinador. La prohibición del aborto tiene que ver con la legitimación de un orden patriarcal” afirmó.

En esta línea agregó  “Cuando defendemos la legalización del aborto no estamos hablando de una ley o de una práctica, estamos hablando del territorio de la igualdad frente a esto, de la igualdad a la hora de decidir. La igualdad para no morir. Sabemos que las que mueren en abortos clandestinos son las mujeres de los sectores populares”

Para finalizar refirió que cuando se habla del derecho al aborto se habla de libertad, una libertad que no está ligada al sentido liberal de la palabra, a la libertad individual a decidir sobre su propio cuerpo “No estamos hablando de ese tipo de libertad estamos hablando de libertad como libertad colectiva. De hacer un mundo más allá del existente”.

Por su parte Carlos Rozanski hizo mención a la hipocresía que hay con respecto a la despenalización del aborto y afirmó que era uno de los temas en donde mayor hipocresía social había. “Es una situación triste, es una situación de doble discurso permanente. El doble discurso es agraviante y hay ofensivo y sobre este tema es permanente el doble discurso. Las mujeres fueron siempre abusadas y maltratadas, a lo largo de la historia. La penalización del aborto es una forma más de maltrato y abuso” aseguró.

Y destacó: “Sabemos que muchas mujeres han podido hacerse abortos en lugares elegantes, sin correr ningún riesgo y otras tantas mueren. Se está en contra del aborto de los pobres, no del aborto en general”.

Para finalizar bregó porque no hubiese “ni una sola mujer más muerta por las creencias de otros”.

Del encuentro formaron parte organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos.

Acerca de la Campaña para la legalización del aborto: tres ejes fundamentales en la defensa del cambio de legislación

*Por María Soledad Galván – Laboratorio de Comunicación y Género, FPyCS

Al referirse a la defensa del cambio de legislación en relación al derecho al aborto, la Secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, desarrolló las que entiende son las tres líneas argumentales sobre las que se sostiene el debate.

La primera de ellas, reconoce al aborto como un problema de salud pública, dado que Argentina no puede reducir los índices de mortalidad materna. En este sentido, comprende que la legalización de la interrupción voluntaria de embarazo favorecería, al permitir su resolución en el Sistema Público de Salud, la disminución de dicho índice, contrarrestando un tercio de esas muertes, que son las producidas por abortos.

En segundo lugar, se trata de un problema de justicia social. En tanto, son las mujeres pertenecientes a los sectores más populares y más alejados, las que no pueden realizarse un aborto en condiciones seguras por no tener acceso a la información pertinente. De esta manera, se trata también de asegurar la inclusión y la igualdad en el acceso a la Salud Pública.

En tercer lugar, es sobre el derecho de las mujeres a decidir, de su autonomía y del ejercicio de una ciudadanía plena, que es uno de los aspectos que mayores resistencias presenta a la hora de los debates, al poner en tela de juicio la continuidad del orden patriarcal presente.

Por último, Díaz, hizo referencia a otro argumento: la defensa de la vida, como otro nudo central de la discusión. Aseguró que quienes defienden el aborto legal, seguro y gratuito, y piensan el paradigma de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos integrales de todas las personas, son también los que más defienden la vida. Sobre esto dijo “con la ilegalidad del aborto, no sólo no se evitan las muertes en ocasión de aborto, sino que además que la propia ilegalidad no permite operar sobre las causales que llevaron a una gestación no deseada” y agregó “O sea que la reducción de su práctica va acompañando lo que para nosotros en la campaña es un lema integral, que es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

La Facultad se suma a los Foros de Trata

*María Florencia Actis – Laboratorio de Comunicación y Género, FPyCS.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social, está participando activamente a través del Laboratorio de Comunicación y Género, de una iniciativa organizada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, los Foros Contra la Trata de Personas “Nuestra voz contra la trata”. El pasado jueves 3 de octubre, se dio comienzo a este espacio en la ciudad de Olavarría, contando con la presencia de numerosos espacios y organismos del Estado nacional y provincial, y de instituciones vinculadas a la temática. 

El Laboratorio de Comunicación y Género formó parte de uno de los paneles llamado “El Rol de los Medios de Comunicación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas”. En esta línea se abordó, entre otras cuestiones, la esquizofrenia de los medios, y el abismo existente entre el discurso correcto deslegitimante del delito de trata y la reproducción de imágenes e imaginarios donde el cuerpo femenino/feminizado se presenta como objeto de deseo sexual masculino, y la continua promoción a prácticas prostibularias, de consumo simbólico de esos cuerpos.  

A lo largo de la jornada, se arribaron a conclusiones, concepciones y acuerdos en relación a la significación y alcance de esta problemática. Carlos Garmendia, de la Fundación María de los Ángeles, afirmó en el marco del panel de Políticas Públicas para la Protección y Garantía de derechos de las víctimas que: “la trata de personas es parte del problema de la prostitución; el problema global es la explotación, el prostíbulo, y para cerrar el prostíbulo es necesaria una legislación provincial”. Para finalizar agregó, “hemos iniciado un camino de lucha clara contra la trata, ahora es importante que lo profundicemos”.

Por su parte, Romina Diurno, del Programa Nacional de Protección de Víctimas de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aclaró en cuanto a la polémica figura jurídica de consentimiento: “Ninguna de las victimas promueve el libre ejercicio, no conocí ninguna mujer que haya tenido ‘libre elección’ y si lo es, está bastante condicionada; para nosotros, los clientes prostituyentes son el eslabón más importante de esta cadena”.

El delito de la trata de personas con fines de explotación sexual constituye un eminente flagelo social, posible a partir de una cadena de complicidades de agentes y sectores de poder, tanto públicos como privados, y de prácticas masculinas fuertemente arraigadas a la cultura que proponen consumir prostitución desde temprana edad. No obstante, determinadas acciones legales y de gestión gubernamental a nivel nacional han promovido cambios en cuanto a la actuación del Estado frente a estos casos, pero también cambios en la opinión pública a partir de una mayor visibilización e información sobre esta particular modalidad de violación a los derechos humanos. Entre las medidas más destacadas, vale mencionar la llamada “ley de trata”, 26.364, de alcance nacional, la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Víctimas del Delito de Trata, la Ley Nacional de la Declaración Testimonial y el Cuidado de las Víctimas,  el Seguro de Capacitación y Empelo para las víctimas, e inclusive, el decreto que firmó el poder ejecutivo (núm. 936/2011) que prohíbe la publicación de avisos de comercio sexual, etc.

La facultad será nuevamente partícipe de los próximos Foros, previstos en diferentes distritos, con el objetivo central de seguir generando espacios de encuentro y entrecruzamiento de experiencias, pero también de debates, consensos útiles y aportes de y para la sociedad civil en torno a la situación de las mujeres en estado de prostitución y trata. A nuestro entender, constituye un compromiso necesario al momento de concebir la función de la universidad pública, en fluida consolidación de lazos institucionales para la incidencia en realidades complejas.